According to the previous government, fracking could bring the country the equivalent of about $72 billion in additional revenue over the next 30 years; but the Colombia Free of Fracking Alliance (ACLF) says the costs to the environment and to people’s health aren’t worth the risk.
“We have a small window,” says Sergio Cabrales, associate professor of industrial engineering at the University of the Andes. “We have to take advantage of that opportunity because in a couple of decades the world is not going to consume this anymore.”
Cabrales, who is also a development researcher and has worked as a consultant for the oil, gas and energy industry for the last 19 years, tells Mongabay that transitioning too quickly to clean energy could leave Colombia vulnerable and hamper its ability to invest in infrastructure and social goods.
“We need to build schools, harbors and airports,” Cabrales says. “We need water systems, but we need money to install the water systems. Who will pay for that?”
While he acknowledges that fracking has risks, Cabrales says it’s important that society benefits from fracking, but without incurring excessive social and environmental costs.
One of the biggest environmental risks, he says, is oil pipes leaking. Most of the problems with fracking, he says, such as gas leaks, come from badly made tubes. But technological progress, including sensors, has decreased these risks, Cabrales says. “I don’t think you have to quickly say yes or no,” he adds. “Today, you have to have more information to make a much more educated decision.”
La transición de Colombia debe envolver tecnologías limpias rentables, aumentar el consumo de energía por habitante, adoptar una política de portafolio para desarrollar sus recursos energéticos, proclamar una política de apoyo al desarrollo del gas natural por las dos décadas siguientes, no deteriorar la capacidad productiva de las nuevas adiciones en capital en manufactura y equipos con tecnologías distantes de la frontera comercial en el lado de la demanda, no desmantelar activos que provean servicios esenciales y cuyo reemplazo sería muy costoso por unidad de GEI removida. Además, debe aumentar el fondeo para investigación y desarrollo en energía, estructurar fondos de financiación combinada, innovar en modelos de negocios y de atención de zonas no interconectadas, impulsar el aprovechamiento de la biomasa residual en los entornos rurales, y prepararse para la transición justa en regiones productoras de carbón térmico.
Colombia tendría un incremento considerable de precios en materia de consumo de gas en caso de que este se llegara a importar.
Así lo confirma Sergio Cabrales, profesor del departamento de ingeniería industrial de la Universidad de Los Andes, quien explicó para Valora Analitik las cuentas que se necesitarían en dicho escenario.
El articulado propone un impuesto al carbono y a las exportaciones extraordinarias de petróleo, carbón y oro, que podrían afectar a precios de energía
La nueva reforma tributaria presentada por Gustavo Petro a un día de haber tomado posesión de la Presidencia pretende recolectar $25,9 billones al año. Este Proyecto de Ley incluye una serie de modificaciones a tributos anteriores que impactarían a ciertos sectores. La segunda fuente con mayor peso en los ingresos como está planteado sería el impuesto a las exportaciones extraordinarias de carbón, petróleo y oro. Con la implementación de este, el Estado recibiría $5,87 billones.
El tributo busca gravar las ventas que se hacen al exterior. Sin embargo, para el consumo de los energéticos en el país, el articulado también propone una modificación a otro impuesto ya existente: el de carbono. Este abarcaría una gama más alta de energéticos, desde gasolina, Acpm, jet fuel, hasta gas natural.
En el caso del primero de los gravámenes expuestos, lo que propone la reforma es que una vez el petróleo, carbón u oro superen cierto umbral de precios, se le cobre un impuesto de 10% sobre el valor extra. Los umbrales son US$48 (barril), US$87 (tonelada) y US$400 (onza troy) respectivamente.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda, liderado por José Antonio Ocampo, es que con los precios actuales (8 de agosto) de cada uno de los productos, la sobretasa efectiva sería de 4,6% en crudo; 7,6% en carbón y 7,8% en oro.
Rodolfo Anaya, presidente de Vanti y presidente del Consejo Directivo de Naturgas, destaca la iniciativa del Gobierno en términos de transición energética y cuidado del medio ambiente. “Este articulado busca gravar a los combustibles más contaminantes, como el carbón, que no había quedado gravado en la anterior reforma. En el caso del gas es para algunos usos”, dice Anaya.
Con la modificación, por ejemplo, el valor que se tendría que pagar por cada galón de gasolina sería de $181. Esto representa un incremento de $23 frente al valor que se pagaba anteriormente (usando el valor de referencia para Bogotá). En el caso del Acpm, el impuesto es $208 por galón, $36,1 adicionales, teniendo en cuenta como referencia también a la capital. Esta tarifa tendrá un ajuste cada 1 de febrero que será el IPC+1, hasta que alcance las 3 UVT por kilo. Sobre este punto, María Paula Sánchez directora del Área de Aduanas de Posse Herrera Ruiz, señala que esto encarece la cadena de comercialización de combustibles fósiles “que siguen siendo fundamentales en la matriz energética nacional”. Considera que este es un reto del Gobierno para evitar que haya efectos en precios de servicios públicos.
Para el caso del carbón, por cada tonelada se deben pagar $52.215 y tendrá una implementación gradual, de forma que en 2028 pague la totalidad.
“Estas cargas se verán reflejadas en el incremento de los costos de producción de la pequeña minería, así como de los precios de productos básicos como la energía, el cemento, el ladrillo, el vidrio entre otros”, asevera Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Manifestó que tendrá un efecto directo en la competitividad del sector tanto para el caso del carbón térmico como para el coque usado en procesos industriales.
Por su parte, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en energía, destaca que 9% de la energía se produce con carbón, con lo que un incremento afectaría el precio de este servicio a los consumidores.
