National oil companies (NOCs) control international oil markets. Nevertheless, by the end of the 2000s, their share of the industry’s total revenues was only 35% while controlling more than 70% of the oil reserves and 65% of the gas reserves. Conventional financial theory prescribes that the proper management of an enterprise should seek the maximization of the NOCs’ profits. However, maximization of profits is not their only objective. Their targets often include non-commercial objectives, such as domestic fuel subsidies and employment. This paper develops a model to assess the impact of domestic fuel subsidies and employment on NOCs’ performance, which clarifies the trade-offs among non-commercial objectives and NOCs’ market value, production, and reinvestment. The model is applied and calibrated to the Colombian NOC to find the financial and operative effects of these non-commercial objectives for different scenarios.
En 1905, Virgilio Barco obtuvo una concesión en Tibú, mientras Roberto de Mares la obtuvo en Barrancabermeja. Posteriormente, cuando la Concesión de Mares se revirtió a la nación, el gobierno modificó la estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos para convertirla en Ecopetrol.
En 1969, se crean los contratos de asociación que se basaban en una delegación de la inversión en exploración y su riesgo, a una compañía extranjera; si el resultado de la exploración era exitoso, entonces, Ecopetrol podía entrar como socio. Inicialmente, los contratos de asociación produjeron grandes hallazgos como los de Apiay (1981), Caño Limón (1983), Cusiana (1989) y Cupiagua (1993), pero se convirtieron en una estrategia poco atractiva para proyectos en campos pequeños. Estos éxitos exploratorios hicieron posible que se recuperara la autosuficiencia petrolera, perdida durante los años setenta. Sin embargo, los bajos precios internacionales de finales del siglo pasado desincentivaron la inversión extranjera y generaron una década pérdida.
Finalmente, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y se cambiaron los contratos de asociación a contratos de Evaluación Técnica (TEA) y contratos de Exploración y Producción (E&P) en 2003. Sumado a la posterior democratización accionaria de Ecopetrol, que aumento su rentabilidad, incremento su productividad y fortaleció su gobierno corporativo.
No podemos desconocer la relevancia de la industria petrolera para la economía nacional y las finanzas de la nación. Los aportes alcanzaron a ser más del 20% de los ingresos corrientes del gobierno. Sin embargo, las reservas de petróleo no alcanzan para más de 6 años, según las estadísticas de BP (2018).
La viabilidad de la industria depende, por un lado, de la efectiva reducción del riesgo regulatorio, la incentivación de la exploración, la promoción de los proyectos para aumentar el factor de recobro, que en la actualidad es solo 18%, y de un riguroso análisis de la posibilidad de extraer crudo mediante la técnica de fracking en el Magdalena Medio, lo cual puede significar un aumento de 15 años de las reservas.
Por otro lado, depende de lazos de confianza en los territorios. La industria debe tener un efecto económico y de transformación social permanente, y no solo temporal, para apalancar el desarrollo productivo de las áreas con proyectos que generen empleos permanentes y de calidad. Se necesita fomentar la industria de servicios petroleros basada en investigación y desarrollo (I&D), y aumentar la competitividad de nuestro país para crear más tejido industrial.
Publicado: Analizar, Incentivar, Perforar. Por @SergioCabrales en 100 años del Petróleo en Colombia @RevistaSemana
La caída de los precios internacionales del petróleo y el anuncio de cambio en la presidencia de Ecopetrol para el primer trimestre del año entrante son buenas disculpas para repensar el largo plazo de esta compañía.
Permítanme sacar a Noruega y a Statoil de esta conversación. En general, los países petroleros desarrollados no tienen una empresa estatal de hidrocarburos, como comprueba Sergio Cabrales en su tesis doctoral, en la Universidad de los Andes, sustentada la semana pasada. Una posible explicación de esta regularidad internacional es que en las naciones con instituciones fuertes, el recaudo de impuestos es alto y el flujo de bienes públicos financiado con estos recaudos es suficiente y predecible para atender las necesidades del votante en la mediana. Mientras que, en países débiles, esto no sucede y la única redistribución creíble es la que se logra desde la gestión pública de empresas en infraestructura y energía, con unos directos beneficiarios de las rentas de los recursos naturales que incluyen a empleados, contratistas, políticos, regiones productoras y sindicalistas. Una coalición formidable en el caso de Colombia.
Es por esto que el cambio de naturaleza de Ecopetrol al que muchos apostamos no ha tenido éxito en el acopio de reservas importantes para la compañía. La presencia de una minoría atomizada de accionistas privados no logrará disciplinar a la petrolera. Los excedentes durante los años de bonanza no se concentraron en una campaña agresiva de exploración, sino se dirigieron a financiar inversiones en el downstream sin que existieran los volúmenes o bajos costos de extracción, por un lado, ni las calidades de crudo que puedan soportar los tremendos costos fijos y mayores costos de proceso de Propilco y Reficar, para citar dos ejemplos.
Los dividendos para el Gobierno Central no se usaron preferencialmente en su conversión a otras formas de capital, sino que también fueron a financiar gastos de funcionamiento del Estado y en la reforma de regalías, que va tener resultados bipolares: buenos en los sitios con tradiciones cívicas y universidades serias, o con gobernadores con visión; y desastrosos en el resto del país.
La mejor solución para el país –con la oposición de los sospechosos usuales y con la previsible afirmación de su inconveniencia, imposibilidad legal e inoportunidad– sería permitir que una empresa privada comprara el control de Ecopetrol. El valor recaudado se debería dejar en una cuenta por fuera del país, invertida en portafolios internacionales de rendimiento medio, y solo ingresarían al país los intereses para financiar inversiones en infraestructura, educación y salud, e investigación y desarrollo. Algo de ese estilo propuso la llamada ‘mafia de Berkeley’ (economistas formados en esa universidad californiana) a Suharto en Indonesia al final de la década de los 60 para disminuir la intensidad de la lucha por capturar las rentas del petróleo en ese país.
Con una subasta bien diseñada y publicitada, el valor pagado por el control de Ecopetrol reflejaría la maximización de valor a través de decisiones de exploración e inversión, adaptadas al contexto colombiano y a oportunidades internacionales. Preparar a la compañía y al Gobierno para llegar a la madurez necesaria en la toma de esta decisión tomará tiempo, persuasión y pedagogía para atraer a ciudadanos del común a apoyar un cambio difícil, pero indispensable. Ojalá el próximo presidente de Ecopetrol tenga esta perspectiva en mente.
Durante los últimos meses se ha visto con gran preocupación el alarmante aumento de los ataques terroristas a la infraestructura del sector petrolero por parte de las FARC y el ELN, así como la proliferación de bloqueos por parte de las comunicadas vecinas a zonas de exploración o explotación petrolera.
La meta de producción esperada para el 2014 se estableció en 1.095.000 barriles diarios según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que representaría un incremento del 5% frente a 1.041.000 barriles diarios producidos en el 2013. Según el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, la producción para este año 2014 se espera que esté por debajo del millón de barriles, lo que representaría una reducción significativa en los ingresos de la Nación, que financian el gasto gubernamental y la inversión pública. Por otro lado, las pérdidas para las compañías petroleras por los atentados terroristas y bloqueos por parte de las comunidades son millonarias.
Sería pertinente preguntarse ¿cuál es la importancia del sector petrolero en las finanzas de la Nación y los efectos de una posible reducción en la producción petrolera colombiana?
El Banco de la Republica ha reportado que la inversión extranjera en el sector petrolero paso de US$ 278 millones en el 2003 a US$ 4.910 millones en el 2013, representando un incremento de más de dieseis veces en solo diez años. Adicionalmente, uno de cada tres dólares invertido por extranjeros en Colombia, va al sector petrolero. Sumado a los cambios estructurales y al aumento de seguridad, generaron que las exportaciones de petróleo crudo pasaran de 237.000 barriles diarios en el 2003 a 753.000 barriles diarios en el 2013, lo cual configura un ejemplo de éxito para algunos países de la región, como es el caso del gobierno mexicano. El cual se ha mostrado muy interesado en aprender sobre la experiencia del sector petrolero colombiano, después de tener cerrada sus fronteras a la inversión extranjera en el sector petrolero por más de 76 años.
Los ingresos de la Nación que provienen del sector petrolero no solo son las regalías. El Gobierno posee el 89.9% de Ecopetrol, lo cual le significa ese mismo porcentaje de los dividendos entregados anualmente por parte de esta compañía. Los ingresos de la Nación provenientes del sector petrolero se pueden clasificar en cuatro rubros: regalías, impuestos de renta, dividendos de Ecopetrol y derechos económicos de los contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Los informes de la ANH muestran que las regalías causadas correspondieron a COP$ 2.6 Billones en el 2004. Recientemente, las regalías causadas correspondieron a COP$ 8.2 Billones en el 2013, un relevante aumento del monto de las regalías causadas durante los últimos años.
En el 2004, los ingresos de la nación provenientes de los impuesto de renta del sector petrolero sumaron COP$ 2.4 Billones y los dividendos de Ecopetrol fueron COP$ 1.3 Billones. En el 2013, los impuestos de renta sumaron COP$ 12.4 Billones, los dividendos de Ecopetrol fueron COP$ 9.5 Billones y los derechos económicos de los contratos de la ANH ascendieron a COP$ 0.8 Billones.
El total de aportes del sector petrolero a la Nación sumaron COP$ 6.3 Billones en el 2004, lo que representaba el 17% de los ingresos corrientes del Gobierno, o el 8% del presupuesto de la Nación (sin el pago del servicio de la deuda). En el 2013, el aporte total de este sector a la Nación sumó COP$ 30.9 Billones, lo que corresponde al 30% de los ingresos corrientes de la Nación, o el 20% del presupuesto de la nación.
Dicho en otras palabras, uno de cada cinco pesos gastados o invertidos por parte del Gobierno proviene del sector petrolero. Sin duda, representa un aumento significativo de la relevancia de este sector económico en las finanzas de la Nación.
Los cambios en los niveles de inversión del sector petrolero, junto con la producción de gas y crudo, tienen un efecto directo en los fondos para financiar el presupuesto de la Nación y sus proyectos de inversión, representando una oportunidad o un riesgo dependiendo si son cambios positivos o negativos.
Por último, si se continúa deteriorando la seguridad del sector petrolero y aumentando los problemas relacionados a esta actividad, no solo disminuirán la inversión y los ingresos de las compañías extranjera que operan en nuestro país, sino que todos los colombianos perderemos porque el sector genera parte de los fondos necesarios para financiar sectores como el de la salud, la educación, programas sociales y la inversión en infraestructura.
El 25 de agosto de 1951, la reversión al Estado Colombiano de la Concesión de Mares dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos. Con la expedición del Decreto 1760 del 26 de junio de 2003, el Gobierno modifico su estructura orgánica para convertirla en Ecopetrol S.A., con el propósito de hacerla más competitiva e internacionalizarla.
Ecopetrol S.A. logró pasar de producir en promedio 399.000 barriles día en 2007 a 788.000 barriles día el año pasado, lo que significó casi duplicar su producción. Las reservas pasaron de 1.137 millones de barriles en 2008 a 1.972 millones de barriles en 2013, representando un aumento superior a 80%. La compañía pasó de tener un valor en bolsa de US$27.000 millones en noviembre de 2008, a $74.000 millones en mayo de 2014. Por último, la porción de las utilidades de Ecopetrol S.A. girada a la nación mediante dividendos, paso de $1 billón en 2000 a $9,5 billones en 2013, aproximadamente 6% del presupuesto anual de la nación.
Recientemente, los problemas con las comunidades, los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera, y las demoras en el proceso de licenciamiento ambiental han golpeado la producción de hidrocarburos de Ecopetrol, lo cual ha provocado una disminución de 10% de sus utilidades durante en el primer semestre del año en curso. La repercusión de esta grave situación en el precio de la acción no se ha hecho esperar. En mayo de 2012, el precio de la acción de Ecopetrol alcanzo su máximo histórico de $5.850. Hoy, el precio de la acción se cotiza alrededor de $3.200.
Se estima que la nación dejará de percibir aproximadamente $1,5 billones en este 2014, no solo por la reducción de los dividendos, sino también por la reducción en los impuestos de renta. Sumado a lo anterior, el Gobierno ha dado una prórroga en el proceso de enajenación de su participación en Isagen hasta por un año más, lo que genera un aumento de la presión para conseguir recursos con el propósito de financiar el gasto de nación y los principales proyectos de inversión, entre ellos las autopistas de cuarta generación. Dentro de las posibilidades de financiación que ha contemplado el nuevo Vicepresidente, Germán Vargas, se encuentra la enajenación de 10% de Ecopetrol.
Varias preguntas se generan en este momento, ¿Si los dividendos que recibe la Nación por parte de Ecopetrol representan 6% del presupuesto de la Nación, por qué enajenar 10% de compañía que posee el Gobierno Nacional? ¿Es mejor vender bonos de deuda de la Nación o vender parte de la participación de la Nación en Ecopetrol para financiar los proyectos de inversión? ¿El Gobierno Nacional debería reducir su gasto administrativo para no tener que vender sus activos?
Desde el punto de vista financiero, la alternativa más económica de conseguir los recursos requeridos para los proyectos del gobierno es la emisión de deuda interna o externa, dada la buena calificación de riesgo país lo que representa un bajo costo de endeudamiento. La alternativa de enajenar la participación de la nación en Ecopetrol, no sería la más recomendada porque los dividendos que recibiría el Gobierno en los años venideros se verían seriamente reducidos. La lógica indica que si una inversión tiene un buen desempeño económico, como lo ha mostrado Ecopetrol durante los últimos años, no tiene ningún sentido venderla.
Dicho en otras palabras, la enajenación de 10% adicional de la participación de la Nación representaría algo como US$7.000 millones. Considero que el Gobierno Nacional debe realizar esfuerzos adicionales para aumentar la seguridad de la infraestructura petrolera, agilizar el proceso de licenciamiento ambiental y mejorar las condiciones de las poblaciones vecinas de las zonas de explotación petrolera con lo cual Ecopetrol recupera su senda. Mi recomendación es dejar de buscar activos estratégicos para venderlos y concentrar tales esfuerzos en reducir y priorizar el gasto.
