La caída de los precios internacionales del petróleo y el anuncio de cambio en la presidencia de Ecopetrol para el primer trimestre del año entrante son buenas disculpas para repensar el largo plazo de esta compañía.
Permítanme sacar a Noruega y a Statoil de esta conversación. En general, los países petroleros desarrollados no tienen una empresa estatal de hidrocarburos, como comprueba Sergio Cabrales en su tesis doctoral, en la Universidad de los Andes, sustentada la semana pasada. Una posible explicación de esta regularidad internacional es que en las naciones con instituciones fuertes, el recaudo de impuestos es alto y el flujo de bienes públicos financiado con estos recaudos es suficiente y predecible para atender las necesidades del votante en la mediana. Mientras que, en países débiles, esto no sucede y la única redistribución creíble es la que se logra desde la gestión pública de empresas en infraestructura y energía, con unos directos beneficiarios de las rentas de los recursos naturales que incluyen a empleados, contratistas, políticos, regiones productoras y sindicalistas. Una coalición formidable en el caso de Colombia.
Es por esto que el cambio de naturaleza de Ecopetrol al que muchos apostamos no ha tenido éxito en el acopio de reservas importantes para la compañía. La presencia de una minoría atomizada de accionistas privados no logrará disciplinar a la petrolera. Los excedentes durante los años de bonanza no se concentraron en una campaña agresiva de exploración, sino se dirigieron a financiar inversiones en el downstream sin que existieran los volúmenes o bajos costos de extracción, por un lado, ni las calidades de crudo que puedan soportar los tremendos costos fijos y mayores costos de proceso de Propilco y Reficar, para citar dos ejemplos.
Los dividendos para el Gobierno Central no se usaron preferencialmente en su conversión a otras formas de capital, sino que también fueron a financiar gastos de funcionamiento del Estado y en la reforma de regalías, que va tener resultados bipolares: buenos en los sitios con tradiciones cívicas y universidades serias, o con gobernadores con visión; y desastrosos en el resto del país.
La mejor solución para el país –con la oposición de los sospechosos usuales y con la previsible afirmación de su inconveniencia, imposibilidad legal e inoportunidad– sería permitir que una empresa privada comprara el control de Ecopetrol. El valor recaudado se debería dejar en una cuenta por fuera del país, invertida en portafolios internacionales de rendimiento medio, y solo ingresarían al país los intereses para financiar inversiones en infraestructura, educación y salud, e investigación y desarrollo. Algo de ese estilo propuso la llamada ‘mafia de Berkeley’ (economistas formados en esa universidad californiana) a Suharto en Indonesia al final de la década de los 60 para disminuir la intensidad de la lucha por capturar las rentas del petróleo en ese país.
Con una subasta bien diseñada y publicitada, el valor pagado por el control de Ecopetrol reflejaría la maximización de valor a través de decisiones de exploración e inversión, adaptadas al contexto colombiano y a oportunidades internacionales. Preparar a la compañía y al Gobierno para llegar a la madurez necesaria en la toma de esta decisión tomará tiempo, persuasión y pedagogía para atraer a ciudadanos del común a apoyar un cambio difícil, pero indispensable. Ojalá el próximo presidente de Ecopetrol tenga esta perspectiva en mente.
Juan Benavides Analista benavides.jm@gmail.com
http://www.portafolio.co/columnistas/privatizar-ecopetrol-opinion
